La Junta plantea VPO unifamiliares de 55 metros cuadrados ampliables a 90

Viviendas protegidas de tipología unifamiliar construidas en Mérida. :: brígido
Viviendas protegidas de tipología unifamiliar construidas en Mérida. :: brígido
  • La Consejería de Sanidad y Políticas Sociales señala que el precio de venta final oscilará entre 55.000 y 60.000 euros con ayudas públicas

Unifamiliares de 55 a 75 metros cuadrados de superficie útil, con posibilidad de ampliación en el futuro a 90, por un precio de 55.000 a 60.000 euros. Así será la vivienda de protección oficial ampliable, una nueva tipología que quiere poner en marcha la Junta de Extremadura y que también funcionará en la modalidad de autopromoción.

La Consejería de Sanidad y Políticas Sociales ha elaborado un proyecto de decreto para regular esta novedad. Según recoge en su exposición de motivos, el plan autonómico en vigor ha pasado por modificaciones para hacerlo más atractivo. Pese a ello, reconoce que «la falta de liquidez y de recursos que aún experimentan algunos niveles de renta medios y bajos sigue dificultando el acceso a la propiedad de su primera vivienda, impidiendo así que puedan iniciar o continuar su proyecto de vida».

Por ese motivo, se plantea la creación de una nueva tipología de vivienda protegida (VPO), que sea capaz de acomodarse a las limitaciones de ingresos que tienen determinados colectivos en Extremadura, especialmente los jóvenes, y que sirva al mismo tiempo para atender las necesidades que puedan surgir en el futuro.

La vivienda protegida ampliable permitirá disminuir significativamente el esfuerzo económico que deben hacer los compradores. «Su reducido tamaño en origen traerá consigo que durante la ejecución de la obra el adquirente pueda hacer frente a unos pagos más asequibles, a cuenta del precio de la vivienda», explica el decreto.

Según el proyecto de decreto, la VPO ampliable deberá promoverse en una parcela independiente como unifamiliar. La cabida del solar deberá permitir la construcción de una vivienda, un garaje y un trastero de 90, 25 y 8 metros cuadrados de superficie útil, respectivamente.

La superficie útil mínima inicial de la vivienda protegida ampliable será de 55 metros cuadrados y la máxima de 75. Tras la eventual ampliación, no podrá exceder del tope fijado para la VPO de régimen especial, 90 metros cuadrados. En cuanto al garaje, la superficie útil mínima inicial será de 20 metros cuadrados.

En cuanto al precio, para una VPO ampliable de 55 a 60 metros cuadrados de superficie útil el tope será de 935 euros por metro cuadrado, de modo que oscilará entre 51.425 y 56.100 euros. Si tiene entre 61 y 75 metros cuadrados, el límite se fija en 875 euros por metro, lo que arroja una horquilla de 53.375 a 65.625 euros. A estas cantidades, que serían precios máximos de venta, habría que añadir el IVA, fijado en el 4%.

Las subvenciones públicas para la adquisición de la vivienda protegida ampliable serán las previstas para la vivienda de régimen especial. El plan autonómico en vigor permite acceder a una subvención directa de hasta 10.000 euros.

En cuanto a la VPO autopromovida ampliable, la regulación es la misma que en el caso anterior en lo que respecta a superficie inicial y final, pero en el proyecto de decreto no se menciona el garaje.

En este caso, podrán acceder a las mismas ayudas que las viviendas autopromovidas recogidas en el plan autonómico en vigor. En concreto, se destinan a poblaciones de menos de 20.000 habitantes y pueden llegar a un máximo de 15.000 euros.

Sanidad y Políticas Sociales señala que los precios recogidos en el borrador son meramente indicativos. «Estamos trabajando para que el precio máximo de la vivienda protegida ampliable, con garaje incluido, y una vez descontado el importe de la subvención aplicable, oscile entre los 55.000 y los 60.000 euros (IVA incluido)», explica. En la vivienda protegida autopromovida ampliable esta horquilla podría reducirse en 5.000 euros, pues el importe máximo de la subvención pasa de 10.000 a 15.000 euros.

Colaboración municipal

El proyecto de decreto reconoce que la construcción de viviendas protegidas ampliables exige la estrecha colaboración de los ayuntamientos interesados en ofrecer este producto en su localidad. Para ello, se regulan actividades de fomento de estas obras, entre las que se incluyen la posibilidad de enajenar, e incluso ceder gratuitamente, el suelo en el que se levantarán estas edificaciones. En este caso, se establece que la parcela que acoja la casa no podrá costar más de 3.000 euros.

Junto a esto, se permitirá a los ayuntamientos colaboradores aplicar a la promoción de viviendas ampliables una reducción de al menos el 50% en el impuesto de construcciones, instalaciones y obras.

Sanidad señala que no conoce de ninguna otra comunidad autónoma que haya apostado por esta tipología de vivienda. La propuesta está destinada a todo tipo de localidades, aunque la figura de autopromoción encaja mejor en pequeñas poblaciones.

Asimismo, indica que corresponderá al promotor definir el proyecto de ejecución que más le convenga, teniendo en cuenta el suelo en el que pretenda edificar. Por ejemplo, si se quiere construir una vivienda de 60 metros cuadrados pensando en una ampliación futura, podría construir una planta de 45 metros y una segunda de 15 (para llegar en el futuro a dos de 45), o bien habilitar una sola de 60 metros (para añadir posteriormente otros 30 en la misma planta o en altura).

Esto condiciona la superficie de la parcela, aunque Sanidad recalca que lo verdaderamente importante es la edificabilidad, que define cuánto se puede construir en un suelo. En el caso de la vivienda protegida ampliable, la edificabilidad y el proyecto de ejecución presentado por el promotor deben posibilitar, respetando el planeamiento municipal, la construcción de una vivienda, un garaje y un trastero de 90, 25 y 8 metros cuadrados de superficie útil, respectivamente.

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