Los cuatro niños no admitidos en el colegio público de Fuente de Cantos irán al concertado

El secretario general de Educación, Rafael Rodríguez de la Cruz, afirmó ayer que la libertad de elección de centro «no es ilimitada», sino que está supeditada a la competencia planificadora de la Administración, que debe cumplir las ratios establecidas por ley y optimizar los recursos públicos. Este es el mensaje que trasladó a los padres de los cuatro alumnos de Fuente de Cantos, cuyas solicitudes de escolarización en el primer curso del segundo ciclo de Educación Infantil en el colegio Francisco de Zurbarán fueron rechazadas, siendo derivados al otro centro educativo de la localidad, concertado.

En declaraciones a los medios, Rodríguez de la Cruz señaló que aunque el 97 por ciento de los alumnos ha obtenido plaza en el colegio elegido en primera opción por sus padres para el próximo curso, no se ha alcanzado el cien por cien porque «hay centros con más demanda que otros».

Ante esta situación, aclaró, la Consejería tiene «que optimizar y planificar los recursos públicos», como ha ocurrido en este caso de Fuente de Cantos.

Según detalló, se han recibido 29 solicitudes en el colegio público y 10 en el concertado, lo que ha motivado la derivación de cuatro alumnos del primero al segundo porque la ratio está fijada, «por ley», en 25 alumnos.

Argumentó además que desdoblar los 29 escolares en dos grupos -tal y como pedían los padres- arrojaría unas ratio de 14 y 15 escolares, «muy por debajo de la establecida con carácter general».

Además, «estaríamos estableciendo una cierta anormalidad organizativa» en el centro dado que estos dos grupos se mantendrían en los cursos sucesivos.

El grupo de padres de alumnos no admitidos en el CEIP Francisco de Zurbarán hicieron llegar a HOY una denuncia pública, días antes de esta reunión con el secretario General de Educación, en la que establecían que la administración ha derivado a sus hijos a un centro del que dicen «los padres no han elegido y que es de carácter privado-concertado, donde los gastos para los padres no son los mismos que en el público (uniformes obligatorios, por ejemplo) ni los servicios que ofrece tampoco, negándoles el derecho de libre elección» en la educación de sus hijos.

Tras una reunión con la Delegada de Educación de Badajoz, María Piedad Álvarez Cortés, este grupo de padres concluyó con que el único motivo por el que no se admiten a sus hijos en el centro público es porque, según dicen, les obligan a «apoyar un negocio». «No tenemos nada en contra del colegio concertado, pero nos parece vergonzoso que no se respeten nuestros derechos cuando, contando con todos los medios y recursos en el centro público, no se admiten a los niños por simple capricho administrativo, por el compromiso y apoyo incondicional de la Junta de Extremadura con el centro privado-concertado», según establecen en su denuncia.

Además de este texto, los padres también volvieron a concentrarse en la mañana de ayer a las puertas del centro público, para reivindicar sus derechos.

Por su parte, el Colegio San Francisco Javier, -centro al que finalmente serán derivados los alumnos- ha querido riterar que «siempre ha cumplido con la ley de escolarización y ha aceptado las decisiones derivadas de esta, ya fueran beneficiosas o perjudiciales, al entender que la ley es igual para todos, y las autoridades educativas velan por esa igualdad y por el mejor uso de los recursos públicos para una educación de calidad», ante esta problemática de escolarización en la localidad.

Es por ello, por lo que se ha dirigido a estas familias, aclarando algunas cuestiones señaladas por las mismas en su denuncia pública, de las que dicen «no alcanzan a entender».

Entre las apreciaciones que ha lanzado el San Francisco Javier se encuentran que su centro «se trata de una entidad de economía social (sociedad limitada laboral), y el nivel del que se está hablando es concertado, es decir, sostenido con fondos públicos».

También apunta a que los padres de los alumnos afectados dicen que los gastos no son los mismos aludiendo al tema de los uniformes obligatorios. Ante esta cuestión aclaran que «en Educación Infantil no se obliga a llevar uniforme alguno y a los escolares se les facilita de manera gratuita un chándal».

Por otro lado, reseñan que en el San Francisco Javier hay dotación suficiente de profesorado, incluso con personal especializado, además de aulas adaptadas a diferentes actividades, haciendo alusión a la afirmación de los padres en la que establecen que los servicios ofrecidos por ambos centros «no son los mismos».

También han recordado que, cuando la situación fue la inversa (exceso de preinscripciones en niveles concertados del Colegio San Francisco Javier) se derivó a escolares a los centros públicos «este Colegio lo acató sin levantar la voz, porque la ley es igual para todos y el Estado de Derecho consiste en el respeto a la ley, cuando te venga bien y cuando no también».